Política antiterrorista

POLÍTICA ANTITERRORISTA

1 – La política antiterrorista requiere un cambio radical. Con respecto a ETA, su objetivo debe ser la derrota de esta organización terrorista, de manera que el gobierno renuncie a cualquier idea negociadora de carácter político con ella. Sólo a partir de la derrota de ETA podrá establecerse la definitiva normalización política del País Vasco y Navarra. Y sólo con esa derrota podrá establecerse la justicia para con las víctimas del terrorismo.

2 – En UPyD propugnamos una política para la derrota de ETA en la que, junto a la actividad policial y judicial contra el terrorismo, se adopten medidas que perfeccionen el marco jurídico en el que esa actividad se desenvuelve, que tome en consideración los aspectos políticos del terrorismo y que abra definitivamente la lucha contra su financiación. Todo ello en el marco de un nuevo pacto de Estado al que puedan adherirse todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, de carácter democrático, que rechacen cualquier justificación del terrorismo como medio de la acción política.

3 – Esa política para la derrota de ETA requiere, singularmente, las siguientes medidas:

a) – La reforma del Código Penal para calificar los crímenes terroristas como crímenes Contra la humanidad, declarando así su carácter imprescriptible y su sometimiento a jurisdicción universal. Se dará así cumplimiento a la aspiración expresada por los congresos internacionales de víctimas del terrorismo, recogida también por el secretario general de las Naciones Unidas. España puede ser, al adoptar esta medida, el país de referencia en el mundo por el rigor de su ordenamiento jurídico al abordar el problema del terrorismo.

b) – La reforma de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo para agilizar las actuaciones referidas al empleo de fondos públicos en la financiación de organizaciones terroristas o vinculadas con organizaciones terroristas, así como de las personas relacionadas con ellas. Para ello, se debe establecer una lista nacional de personas y organizaciones de obligada consulta por las administraciones públicas. Así mismo, en este terreno de la lucha contra la financiación del terrorismo, es  imprescindible un reforzamiento del SEPBLAC, con la asignación de mayores medios personales y materiales.

c) – La acción contra ETA en el plano político, lo que se plasma en la ilegalización de los dos partidos que dan voz a ETA y llevan su representación en las instituciones del País Vasco y Navarra: el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Así mismo, en el caso de ANV, la ilegalización debe acompañarse de la disolución de los 44 ayuntamientos que controla esta organización a fin de evitar que la continuidad de sus alcaldes y concejales se plasme en el empleo de fondos públicos hacia fines vinculados con el terrorismo.

d) – La revisión de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo con objeto de extender sus ayudas y reconocimiento a las víctimas recientes, revisar las cuantías de las indemnizaciones por responsabilidad civil y reforzar las ayudas a las organizaciones y asociaciones de víctimas.

Propuestas de educación

PROPUESTAS

Defendemos un sistema educativo público, de calidad y laico, donde se valore el saber y el esfuerzo. UPyD lucha por la igualdad, entendida esta como igualdad de derechos y oportunidades, lo cual significa que todos deben beneficiarse de la educación obligatoria. Pero somos contrarios a la igualación por abajo, que obliga a rebajar los niveles de calidad y perjudica, sobre todo, a los estudiantes de familias de menor renta, a quienes se les hurta la única oportunidad que tienen de adquirir una formación sólida. Para lograr estos objetivos, proponemos las siguientes medidas:

 

1 – La devolución al Estado de las competencias en educación para garantizar un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas. Éstas seguirían desempeñando tareas de gestión y mantendrían algunas competencias en este terreno, pero siempre de acuerdo con el principio de un plan de estudios básico igual en todas ellas. Esta devolución de la competencia educativa al Estado se realizará mediante la correspondiente reforma de la Constitución, y se desarrollará legislativamente buscando el mayor acuerdo con las comunidades autónomas y los representantes de profesores, centros educativos y otros legítimos intereses.

 

2 – El reconocimiento, mediante la correspondiente reforma constitucional, del derecho a la escolarización en las correspondientes lenguas maternas oficiales en las comunidades bilingües, y el desarrollo de sistemas educativos bilingües a lo largo de toda la escolarización obligatoria, garantizando el derecho de los padres y luego de los alumnos, a escoger la lengua que prefieran a lo largo de la escolarización, con la garantía de que ambas lenguas oficiales sean adecuadamente enseñadas y aprendidas.

 

3 – Aprobación parlamentaria de un Pacto de Estado por la Educación, suscrito por los principales partidos parlamentarios con el apoyo de los estamentos y entidades educativas, que garantice la estabilidad básica de la legislación educativa durante un tiempo razonable de al menos 20 años; los partidos se comprometerán a renunciar a convertir los problemas educativos en un campo de batalla para dirimir sus intereses. Creación de una comisión, consensuada por todos los partidos, para elaborar una nueva Ley Educativa; estará formada sobre todo por docentes y expertos en los campos relacionados con la educación, propuestos atendiendo más a su valía profesional que a su lealtad política.

 

4 – Desarrollo legal de la autoridad del profesorado, que deberá tener la condición de representante de los poderes públicos, y en consecuencia especialmente protegido  legalmente de las agresiones a su persona y de las intromisiones ilegítimas en sus competencias profesionales.

 

5 – Desarrollo del servicio público de enseñanza mediante una Ley de Financiación de la Enseñanza que garantice la dotación al sistema de los medios humanos y materiales necesarios. La inversión en educación debe ser equivalente, en términos de PIB invertido, a la media europea, lo que se alcanzará con aumentos progresivos del gasto previsto en cada Presupuesto del Estado.

 

6 – Se evitará la conversión de los centros públicos en guetos donde segregar a marginados o alumnos procedentes de las familias más desfavorecidas o de problemática integración cultural. En este sentido, se adoptará como prioridad el desarrollo de una red suficiente de centros públicos de enseñanza obligatoria, capaces de acoger en condiciones al alumnado aportado por la inmigración, y también de atender adecuadamente al de áreas más deprimidas o despobladas. Proponemos, tanto para los centros públicos como los concertados, el control administrativo en los criterios de admisión del alumnado protegiendo, en lo posible, el derecho de los alumnos a elegir, asegurando la igualdad de condiciones entre la enseñanza pública y la concertada.

 

7 – Creemos que la educación laica garantiza el respeto a todas las creencias compatibles con la democracia y la tolerancia. En esta línea, apoyamos la asignatura de la Educación para la Ciudadanía (cuyos contenidos deberán ser consensuados dentro del Pacto de Estado por la Educación) y reivindicamos una escuela en cuyo seno no se imparta ninguna religión ni existan signos religiosos. Esta reivindicación es hoy en día, frente al auge de fundamentalismos religiosos, más urgente que nunca. Es ilógico educar en la igualdad entre sexos, y pagar a un profesor para que explique a los hijos de los musulmanes que la mujer es inferior. Es absurdo educar en la solidaridad y en lo bueno que es hacerse donante de órganos, y pagar a un profesor para que explique a los hijos de los testigos de Jehová que las donaciones de órganos son inmorales. Es disparatado educar en el respeto a la diferencia, y pagar a un profesor para que explique a los hijos de los católicos que la homosexualidad es una tara. En cualquier caso, la educación religiosa que pueda impartirse en centros públicos, de acuerdo con lo que pueda prever el Pacto de Estado por la Educación, se desarrollará fuera del horario escolar y no sería evaluable.

 

8 – Supervisión pública del contenido de los textos escolares para garantizar, respetando escrupulosamente los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de conciencia, que dichos contenidos son básicamente iguales en lo esencial, congruentes con el plan de estudios y coherentes con los valores éticos y políticos de la democracia.

 

9 – La enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años constará de dos itinerarios básicos: a) un Bachillerato sólido y riguroso, considerablemente más largo que el actual y empezado a edades más tempranas. Se estudiará la posible instauración de dos  controles externos, el primero al concluir la educación básica común, y el segundo, al acabar el bachillerato.

b) Formación Profesional complementaria para quienes no deseen cursar ese bachillerato o prefieran formarse como técnicos especialistas, que también dará lugar   al título de educación secundaria al finalizar los estudios, de modo que haga posible  el acceso a la universidad.

10 – Eliminación de la promoción automática –paso de curso sin aprobar un número debido de asignaturas- y revalorización normativa del esfuerzo, la disciplina y el respeto mutuo, en tanto que indispensables para la eficacia del sistema educativo y el aprendizaje práctico de valores cívicos. Pasar a un alumno de curso con más de dos asignaturas suspensas es, sencillamente, engañarlo, además de un menosprecio del saber y la disciplina.

11 – Reforma del acceso a la profesión de profesor de Enseñanza Secundaria: se establecerá un sistema de formación del profesorado que sustituyan al CAP y los másteres previstos actualmente, que generan un justificado rechazo entre los graduados. La de Magisterio, que proporciona el título de Maestro de Enseñanza Primaria, también ha de transformarse en licenciatura. Consideramos que para opositar a profesor de instituto no se debe exigir más que el título de licenciado. La formación del profesorado será posterior al Grado y consistirá fundamentalmente en el ejercicio remunerado de la docencia durante uno o dos cursos bajo la supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditada.

12 – Deben racionalizarse los criterios de reconocimiento de méritos para acceder a plazas de profesorado, que deben basarse en la excelencia académica. La oposición ha de ser libre, y todos los aspirantes han de disfrutar de igualdad de condiciones, sin valorar la veteranía laboral o la recepción de cursillos por encima de méritos académicos superiores, como el doctorado, las publicaciones o la participación en actividades culturales de alto nivel. Además, se debe poder acceder al cuerpo de Catedráticos de Instituto directamente, a través de una oposición libre. La formación del profesorado ya en ejercicio ha de ser, en mayor medida de lo que es ahora, competencia de las universidades. Se ha de procurar restablecer el puente que existía anteriormente entre la universidad y los institutos, cuando muchos prestigiosos catedráticos de la primera lo habían sido antes de los segundos.

La política de inmigración de UPyD

La política de inmigración

La inmigración constituye uno de los fenómenos sociales con mayor impacto en la sociedad española. Se trata de un fenómeno reciente que ha adquirido una importante dimensión en apenas una década. En UPyD defendemos la idea de que la inmigración es un fenómeno positivo para la sociedad y la economía española que está contribuyendo al crecimiento, a la recuperación de la demografía y al equilibrio del sistema de protección social. Implica también algunos problemas relevantes en relación con la integración social de la población inmigrante, como la prestación de servicios educativos y sanitarios, la vivienda, el empleo y la protección de los desempleados. Así mismo, en las circunstancias actuales, debe abordarse una mejor regulación del acceso de los inmigrantes a España, pues existen ya ciertas dificultades para favorecer la integración social de los inmigrantes y sus familias.

La propuesta política de UPyD en esta materia se centra en los siguientes aspectos:

• Revisión de la Ley de Extranjería con la finalidad de mejorar el tratamiento de los inmigrantes extracomunitarios en materia de permisos de trabajo y de residencia; ampliar el cupo de extranjeros a cifras realistas de acuerdo con la oferta de puestos de trabajo, singularmente los de mayor cualificación; establecer la igualdad de derechos sociales y políticos de los extranjeros con respecto a los ciudadanos españoles, condicionada a la reciprocidad del tratamiento de los españoles en los respectivos países; y declarar la improcedencia de las operaciones extraordinarias de regularización.
• Creación de un Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes que gestione, en cooperación con las Administraciones Locales, la oferta de información de interés para los inmigrantes de las distintas nacionalidades, la realización de cursos gratuitos del idioma español y de cultura española, la formación complementaria para la integración de los menores en el sistema escolar, el apoyo a las asociaciones de inmigrantes y el asesoramiento en materia de regularización, permisos de residencia y trabajo, reagrupamiento familiar, escolarización, vivienda y sanidad, así como la defensa jurídica de los inmigrantes en relación con los actos de la Administración que les afecten.
• Reforzamiento de los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra las organizaciones que trafican con seres humanos, así como el endurecimiento de las penas por los delitos correspondientes. Incremento de la vigilancia de las fronteras exteriores y de los medios disponibles para ella.
• Modificación del marco legislativo de la expulsión de extranjeros para facilitar y acortar los plazos de expulsión de los que hayan cometido delitos o faltas que no impliquen su ingreso en prisión.
• Reconocimiento del derecho a la residencia a los cónyuges e hijos de los extranjeros fallecidos en accidentes de trabajo.
• Modificación del marco legislativo de la expulsión de extranjeros para facilitar y acortar los plazos de expulsión de los que hayan cometido delitos o faltas que no impliquen su ingreso en prisión.
• Reconocimiento del derecho a la residencia a los cónyuges e hijos de los extranjeros fallecidos en accidentes de trabajo.

El atentado de ETA, entre otras muchas cosas, ha dado la razón a los que, como Rosa Díez, se han opuesto con firmeza a la negociación con esta banda de asesinos, a la que, además, se le ha hecho concesiones políticas. Pero ya sabemos que en estos momentos prima más la literatura de unidad que la exigencia de responsabilidades políticas. Esperemos, al menos, que los ciudadanos sepan distinguir en este determinante tiempo electoral, en el que no sería extraño que una avalancha de jóvenes votantes se pronunciara en las urnas en favor de Rosa Díez, la candidata por Madrid de ese partido que tiene unas siglas tan raras UPyD, y que constituye la única novedad, dotada de frescor político y de altas cotas de entusiasmo democrático y de libertad, destacable en la campaña electoral que ahora termina, como en Cataluña lo ha sido Ciudadanos.Y pena da que ambas formaciones no hayan llegado a un entendimiento, lo que presagia que el virus de la mala política, o de los profesionales de la política, carcome los incipientes pilares de una y otra formación. Las que han sabido detectar el agotamiento de la transición y la necesidad de una profunda reforma democrática en España, aunque, por el momento, estas valientes y llamativas iniciativas no están en condiciones de liderar ese cambio necesario, entre otras cosas porque las vigentes reglas del juego político español incluyen una frontera, casi insalvable, para los que intenten abrir, a nivel nacional, una tercera vía en la que puso los pies y los pilares, luego derrumbados por la retirada del líder, el CDS de Adolfo Suárez en 1986 (19 diputados).

Muchos jóvenes de Madrid están con Rosa Díez, entre otras cosas gracias a la intolerancia de Carlos Berzosa, el Rector de la Universidad Complutense de Madrid que, en tan sagrado “campus” de la libertad, pretendió acallar y quitar la palabra a la esforzada candidata de la UDyP, que sin medios para combatir la desigualdad y el ostracismo al que ha sido sometida, consiguió hablar y recibir los aplausos de un público joven y decidido que busca, y no encuentra, al Obama español, y que con preclara intuición ha visto en Rosa una excelente oportunidad.

Y no solo los jóvenes, que podrían llevarla en volandas al Congreso de los Diputados por la ciudad de Madrid, son los que han sucumbido al encanto de la ex dirigente socialista, sino que otras personas de más edad, incluso de mucha edad, y sobre todo ciudadanos bien informados van diciendo por ahí que buscarán, entre las montañas de papeletas, la lista de Rosa con no pocos motivos. Bien porque se lo merece, bien porque no lo merecen otros que no han sabido estar a la altura de sus respectivas responsabilidades de Gobierno y de oposición.

Hasta los duendecillos del bosque animado, y los pequeños animales de la fauna española piensan votar por Rosa, según se lo ha contado a Marcello un zorro bien informado que conoce a todo el mundo animal español, que, por cierto, son menos animales que muchos de los políticos que deambulan por la escena nacional y el parlamento español donde las únicas novedades que se esperan, en la próxima legislatura, son las de Pizarro, Díez y Bono, y nada más. Por cierto, Díez y Bono fueron los adversarios de Zapatero en las elecciones del PSOE a la secretaría general, tras la segunda salida de Almunia, y ambos podrían ser testigos impertinentes de la legislatura si el manchego se alza con la presidencia de la Cámara, lo que está por ver, y si Rosa Díez consigue la portavocía del Grupo Mixto, lo que no le va a ser fácil, por la presencia en ese corralito de EA, BNG y Nafarroa Bai. Pero Rosa cuenta con algo más, con la simpatía de medios y periodistas, y eso es un plus que sin duda le ayudará si, finalmente, alcanza escaño en Madrid, lo que sin duda merece como muy bien lo saben todos los gatos de Madrid.