Inmersión lingüística
| Publicado en la Razón, lunes 17 de marzo de 2008 |
| Los padres vascos libran su última batalla contra la imposición del euskera en las aulas |
| Exigen que la eliminación del castellano se trate en la Conferencia de Presidentes y llevarán su denuncia al TSJPV y a Luxemburgo - Critican que el Gobierno de Ibarretxe subvencione la inmersión lingüística
Los padres critican que el Gobierno vasco use la subvención que da a los centros concertados para implantar su modelo. |
| Iker Moneo |
| BILBAO- La Plataforma por la Libertad Lingüística, integrada por 2.000 padres, trasladará la batalla que libra en el País Vasco ante la imposición del euskera como lengua principal de la enseñanza -vía decreto aprobado por el Gobierno de Vitoria- al resto de las comunidades. Se propone introducir la eliminación del castellano en las aulas en la agenda nacional de la nueva Legislatura, ya que se trata de un asunto que también afecta a otras comunidades, como Galicia y Cataluña. En los próximos días solicitará reuniones con los presidentes autonómicos, como ha hecho sin éxito con el lendakari y sus consejeros de Educación, para informarles sobre las consecuencias que acarreará para los ciudadanos que se instalen en el País Vasco el proyecto educativo del Ejecutivo de Ibarretxe.
Exención Han de saber, por ejemplo, que la exención para estudiar euskera solamente se aplicará a aquellos alumnos que permanezcan un único año en la red de enseñanza vasca. La Plataforma tomó nota del compromiso adquirido por el presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, de convocar una Conferencia de Presidentes con la mayor brevedad posible. Su objetivo es que se debata en su seno y en el próximo Consejo sectorial de Educación la vulneración que se ha producido en varios puntos del Estado, del derecho a elegir la lengua en la que los padres desean escolarizar a sus hijos. Se trata de una denuncia que el colectivo estudia llevar al Tribunal de Luxemburgo, al entender que el Gobierno vasco utiliza la subvención que concede a los centros concertados para implantar su política lingüística, y al Superior de Justicia del País Vasco, donde el decreto de currículum vasco que prima el aprendizaje de euskera se encuentra recurrido por el Partido Popular. El tribunal, que dictará sentencia antes del verano, denegó la petición de suspensión cautelar de esta norma, pero reconoció que los tres modelos lingüísticos que existen en el País Vasco (euskera, bilingüe y castellano) siguen vigentes porque aún no se ha modificado -lo intentará el Gobierno vasco en los próximos meses en el Parlamento autonómico- la Ley de la Escuela Pública Vasca que los regula y que está por encima del decreto. En el mismo sentido se pronunció el Ararteko (Defensor del Pueblo de la comunidad vasca), a quien la Plataforma le trasladó una queja en la que destaca que el decreto conculca derechos constitucionales y aboca al fracaso escolar, al impedir la escolarización en lengua materna, que es el castellano en el 96 por ciento de la población de Vitoria, donde sólo se ofertarán en esta lengua 175 plazas nuevas para el próximo curso. Es precisamente en la capital vasca donde se fraguó la creación de la Plataforma cuando en diciembre, tal y como adelantó LA RAZON, un centro concertado informó a los padres sobre su propósito de convertir en el próximo curso -cuando entre en vigor el decreto- el sistema trilingüe que desarrolla en otro con dominio del euskera en las asignaturas de mayor calado como Historia, con el «adoctrinamiento nacionalista» que conlleva, según lamentó una madre afectada. Aunque el decreto de currículum concede libertad a cada colegio para decidir qué cupo lectivo otorga a cada lengua, ésta es relativa. El Gobierno vasco ha anunciado una reforma educativa que suprimirá los modelos en castellano y bilingüe y que exigirá que el alumnado alcance un nivel de euskera equivalente al «First» de inglés. De ahí que los centros se sientan «obligados» a realizar cuanto antes una inmersión en lengua vasca. |
Reforma electoral
Uno de los primeros debate de la legislatura que se avecina será el de la reforma electoral, y no será una polémica menor. Chocarán los intereses políticos con la lógica democrática, pero el veto impuesto durante los últimos años por los dos partidos mayoritarios ha perdido firmeza. El presidente del Gobierno no se cierra en banda y dos días después de las elecciones afirmó que «antes o después» habrá que acometer el cambio de la legislación electoral.
Un informe interno de la Fundación Alternativas, en la órbita del PSOE, valora «positivamente» la ley, pero admite que presenta insuficiencias, entre ellas «la sobrerrepresentación de muchas provincias con poca población» y «la subrepresentación de partidos no mayoritarios que dispersan sus votos por todo el territorio nacional». El estudio sugiere elevar de 350 a 400 el número de diputados y reducir de dos a un escaño la representación mínima de algunas circunscripciones.
El líder opositor anunció durante la campaña de las recientes generales que la reforma sería «una prioridad básica» de la próxima legislatura porque la vigente está «caduca y pasada de moda».
Pero no para democratizar el reparto de escaños sino para, entre otros objetivos, fijar un porcentaje de votos en todo el territorio nacional a los nacionalistas para menguar su presencia, y por tanto su poder, en la cámara baja.
¿Mantendrán sus opiniones cuando se abra el Parlamento? El tiempo lo dirá. Un ministro y destacado dirigente socialista cree que la modificación es inevitable porque la ley tiene 30 años de vida, cuando se aprobó la población de España era mucho menor y se determinó que la circunscripción fuera la provincia.
En la actualidad, España tiene 15 millones de habitantes más y la comunidad autónoma es la unidad territorial de referencia. «Se podría incrementar el número de diputados hasta los 400 ó 500» para que la representación parlamentaria fuera acorde con la población, argumenta este ministro. En el primer caso no habría problemas porque la Constitución establece ese tope, pero el medio millar de escaños en el Congreso requeriría una reforma constitucional.
Fragmentación
El sistema en vigor, basado en la ley d’Hondt, prima a los partidos mayoritarios y los nacionalistas por dos razones: evita la excesiva fragmentación del Parlamento y entrega la llave de la gobernabilidad al nacionalismo en caso de que no haya mayorías absolutas. Pero hay más consecuencias que, como se ha visto este 9 de marzo, perjudican a las fuerzas menores de ámbito nacional porque un importante volumen de sus votos no se traducen en nada.
La reforma de la ley electoral , pese a los temores de muchos, no implicará un cambio en la radiografía política del país, aunque sí una menor representación del PSOE y PP. El pasado 9 de marzo los socialistas lograron 169 escaños y los populares, 154; con un sistema proporcional de circunscripción única, como en las europeas, el PSOE habría obtenido 151 diputados y el PP, 139, mientras que IU, que obtuvo dos diputados, habría sumado 13, y UPyD cuatro.
Con un sistema proporcional con circunscripciones autonómicas, los socialistas hubiera sumado 160 y los populares, 147; IU hubiera llegado a los 14 y UPyD, cuatro. Y con un sistema mayoritario con circunscripciones provinciales, en el que el partido ganador se lleva todos los escaños, el PSOE hubiera subido hasta los 179 diputados y el PP se hubiera quedado cerca con 171; el resto, nada.
En todos estos simulacros, con la excepción del mayoritario, los nacionalistas hubieran obtenido, escaño arriba o abajo, resultados muy similares a los del 9M.
