No hay duda de que algo debe interesar de verdad cuando se encuentra compitiendo con La Crisis como principal tema de actualidad. Yo era de los que pensaban que este Manifiesto por la lengua común que ahora concita tantas y variadas reacciones no tendría mucho eco en la opinión pública. Por tanto, ha sido una sorpresa muy agradable comprobar su importancia informativa y ver que los apoyos que ha recabado han sido considerables, superando holgadamente, a día de hoy, la cifra de cien mil firmantes. Como señaló hace unas semanas Xavier Pericay, “jamás un texto de esta naturaleza había recabado tantos apoyos”.
El manifiesto, que fue presentado al público el pasado 23 de junio, señala una situación penosa ya conocida por todos: que en determinadas comunidades autónomas los derechos cívicos y educativos de los ciudadanos castellanohablantes son vulnerados de forma cada vez más manifiesta. Todo ello porque desde los poderes políticos de estas comunidades se pretende consolidar una dinámica absurda en la que se trata de enfrentar a la lengua castellana cada una de las lenguas cooficiales. Este esquema ha provocado un retroceso democrático en estas regiones, sin que el Estado central haga nada para evitarlo.
Periódicos como El Mundo y partidos políticos como Unión, Progreso y Democracia han dado alas a este proyecto (a UPyD pertenecen varios de los intelectuales que pusieron en marcha el manifiesto). En Baleares los miembros de la coordinadora de UPyD, junto con algunas personas ajenas a la misma, ya habíamos creado, poco antes de aparecer el manifiesto, un blog en el que estas cuestiones, vinculadas sobre todo al terreno de la educación, pudieran ser tratadas públicamente. Su título, Por una reforma educativa.
El éxito del manifiesto evidencia que una postura contraria a los modos de actuar de los nacionalistas se va generalizando en España. Hasta hace poco se dejaba a éstos imponer su punto de vista sobre determinadas cuestiones, sin debate ni discusión alguna. Pero parece que hoy día las cosas van cambiando, dado que una parte importante de ciudadanos padecen abusos continuados en el ejercicio de sus legítimos derechos. Con esta ‘equidistancia’ supuestamente se pretendía impedir un conflicto, pero cediendo ante el oponente los problemas no desaparecen, sino que se van haciendo cada vez más estructurales. Este argumento de no enfrentar para evitar conflictos también está en la base del concepto conocido como ‘inmersión lingüística’, que trataría de evitar, en la constitución del catalán (en el caso de Cataluña, base de pruebas de la ingeniería social de los nacionalistas) como la única lengua vehicular en el sistema educativo, que la sociedad se escindiera en dos comunidades lingüísticas enfrentadas. El temor me parece histéricamente exagerado, pero más criticable juzgo todavía la medida para evitar que esa situación se produzca, porque, dado que Cataluña es una comunidad española y no un estado independiente, lo más lógico sería, como señala irónicamente Fernando Savater en su último artículo, que, si es necesaria una inmersión, ésta se llevara a cabo en castellano, dado que es la lengua oficial de todo el Estado. Convertir una lengua de ámbito exclusivamente autonómica, como es el caso de la catalana, en la única vehicular de la comunidad puede llegar a provocar precisamente un conflicto de mayores dimensiones con el resto del Estado, creando y apuntalando un gueto cada vez más diferenciado del resto del país, a base de construir artificialmente una diferencia (el famoso “fer país” de Jordi Pujol demuestra que la identidad nacional catalana es más un objetivo final que una base de la que se parte, aunque se asegure justo lo contrario). Defender eso, al cien por cien, implica una irresponsabilidad, en el mejor de los casos, o una clara voluntad secesionista, en el peor, a la vez que incide en la típica paradoja de estos modelos que apelan a la defensa de cierta diferencia de puertas afuera, mientras que cambian de criterio y elevan a los altares el culto a la identidad de puertas adentro.
Capítulo aparte merece la mayor parte de las críticas que ha recibido este manifiesto, más que nada porque apenas ninguna contesta la letra del mismo. En este caso, y en muchos otros, los críticos de turno se han dejado llevar por sus prejuicios y delirios a la hora de argumentar, proyectando en el texto cosas que no se encuentran en él. Se han dicho muchas falsedades, como que este texto trataba de defender la salud social del castellano (que no se pone en duda), que se pretendía un proyecto homogeneizador que excluyera a las lenguas autonómicas de su ámbito educativo y civil (tampoco es así), etc. Como ha señalado estos días el gran Santiago González, el futbolista Iker Casillas ha sido capaz de entender mejor el texto que muchas de las supuestas luminarias político-intelectuales que guían nuestros caminos. Carlos Martínez Gorriarán señala la clave del asunto: “ya es sabido que, en España, la forma más habitual de «criticar» una idea es tergiversarla todo lo posible”.
En 30 años de democracia se ha cultivado con creces la diferencia, aquellos rasgos o elementos que hacen de España una realidad plural. La finalidad consistía en combatir el centralismo del régimen franquista, olvidando que no todo centralismo es directamente antidemocrático. Y, a la inversa, que no toda defensa de cierta diferencia tiene por qué casar con lo que se considera democrático. En este proceso de descentralización, en el que el Estado ha delegado las políticas lingüísticas a las comunidades autónomas, se ha ido demasiado lejos, en el sentido de que demasiadas decisiones políticas han acabado atentando contra el bien común y las libertades individuales. Por tanto, ya es hora de corregir lo que se ha torcido, cultivando, en lugar de diferencias excluyentes, aquellas cosas que son comunes a todos, si pretendemos seguir viviendo en una democracia real. Lo que nos vincula o une, sin caer en esas unanimidades que tanto caracterizan a los nacionalistas.
