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Para mis chorraditas

Manifiesto por la Lengua Común

LOS APOYOS | LAS ADHESIONES

Grandes nombres de la Cultura se suman al Manifiesto por la Lengua Común

Actualizado jueves 26/06/2008 07:37 (CET)
EL MUNDO

MADRID.- El Manifiesto por la Lengua Común vivió ayer una intensa jornada de adhesiones del mundo de las Artes y las Letras. A los escritores y académicos que impulsaron la iniciativa junto a Fernando Savater, se sumaron el miércoles insignes nombres como el del poeta Antonio Gamoneda, Premio Cervantes de 2006, y el pintor y escultor Antonio López.

De la Literatura, además de Miguel Delibes, que apoyó el texto este martes, destacan Martín Casariego, Francisco Brines, Arturo Pérez-Reverte y Carmen Posadas.

Entre los firmantes de la propuesta también encontramos a artistas plásticos como Luis Feito, Gustavo Torner y Eduardo Arroyo.

Mientras tanto, al cierre de esta edición, casi 51.000 ciudadanos se habían adherido ya al Manifiesto a través de EL MUNDO y elmundo.es.

Asturiano de nacimiento, aunque leonés de adopción, Antonio Gamoneda ha sido reivindicado en diversas ocasiones por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como su poeta favorito.

Me resulta una iniciativa razonable, siempre y cuando haya también un respeto implícito a las lenguas cooficiales“, afirmó el poeta en declaraciones a EL MUNDO tras sumar su apoyo al Manifiesto por la Lengua Común.

El Premio Velázquez, Antonio López también salió a defender la iniciativa, en tanto que reivindica garantías para los derechos de los ciudadanos: “Espero que no se vulnere la lengua común. Hay que ayudar a simplificar y hacer más llevadera la vida de los ciudadanos. De ahí el interés de este manifiesto», explicó.

También destacan las declaraciones de Rafael Canogar, uno de los grandes renovadores del arte plástico español de la mano del grupo El Paso. “Es necesaria la defensa de una lengua tan rica como la nuestra”, afirmó. “Es necesario que todos estemos en el mismo umbral de oportunidades y derechos respecto al idioma. Por eso creo que este Manifiesto es tan necesario. Lo que no entiendo es cómo hemos podido llegar a que se dé esta situación“.

Manifiesto:

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMÚN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc… en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5.. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

Jueves, 26 junio 2008 - Posted by | Sociedad

1 comentario »

  1. Contestado en su lugar. Me parece que aunque es posible que sea necesaria una discusión, no es éste el camino adecuado, a mi modo de ver. Me da la impresión que puede soliviantar los ánimos.
    En fin…

    Comentario por Tita | Domingo, 29 junio 2008 | Responder


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